Sinopsis de Plan de Gobierno 2010-2014 (2)

Seguridad ciudadana

Síntesis Plan de Gobierno Laura Chinchilla 2010-2014 (PG 2)

Eduardo Carrillo V., Ph. D.

Contenido programático
v  Una policía renovada, fuerte y equipada v  La lucha contra la impunidad	v  La lucha contra la impunidad v  La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

Seguridad es la gran prioridad, nos dijo Laura Chinchilla al presentar su programa. Seguridad social, económica, ecológica, de futuro y ciudadana. Un tema muy serio, que no debería ser trivializado al punto que lo ha hecho Otto Guevara. Demanda una respuesta que no ignore sus fundamentos de valores, educación, empleo, ingresos y bienestar colectivo. Que busque, como lo plantea Laura, crear ambientes físico-sociales sanos, cuyos productos sean fomentar la seguridad y prevenir comportamientos delictivos.

Tampoco debería reducirse a respuestas simplistas, porque las soluciones son complejas y diversas, demandan la participación de sectores civiles, públicos y políticos, tecnologías y recursos sofisticados, la participación de organización que deberían complementarse, pero a veces parecen competir y, sobre todo, una intensidad de acciones acordes con la magnitud real del problema y con las percepciones del mismo. Además, subyace un enemigo, el narcotraficante, que cuenta con recursos ilimitados y comportamientos contundentes.

Nos debería sorprender la propuesta simplista, posiblemente falaz de Otto Guevara, primero por su actitud es autoritaria, contraria a la tradición de respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos natural en el costarricense. Y, segundo, porque su mentalidad libertaria no incluye intervenciones decisivas del Estado y más bien depende de la acción milagrosa del mercado. Su visión de un estado débil, desprovisto de recursos y sin capacidad de actuación contundente, es francamente contradictoria con la naturaleza de las decisiones requeridas en función de la gravedad del problema de inseguridad que enfrenta el país.

¿Qué nos ofrece Laura? Primero, una policía renovada, fuerte y equipada. Se trata de darle fortalezas físicas y tecnológicas, pero también de valores, redoblando los esfuerzos que se vienen haciendo desde hace varios años en la dirección correcta, pero que reconocemos insuficientes. Persiste, entre otras cosas, mucha dispersión de esfuerzos de numerosas instituciones, cuyos recursos y posibilidades deben focalizarse y coordinarse mejor, guiados por un sistema inteligencia policial que por ahora no es una realidad. La propuesta es concreta y en muchos sentidos cuantificable:

• Incrementar los efectivos de la fuerza pública y de tránsito en un 50% durante su administración.
• Crear y equipar 20 delegaciones distritales modelo.
• Construir y remodelar progresivamente las delegaciones regionales, cantonales y distritales.
• Continuar con la aplicación del modelo policial de proximidad (incluye equipar para producir una mayor movilidad y presencia policial).
• Fortalecer la reserva de la fuerza pública hasta alcanzar 1500 reservistas.
• Promover la policía municipal en vigilancia y fomento de la seguridad.
• Actualizar el estatuto, el régimen salarial y de retiro de la fuerza policial.
• Liberar a la fuerza policial de funciones administrativas que no estén directamente asociadas con su función sustantiva.
• Reordenamiento territorial de los servicios policiales, según factores de riesgo.
• Crear un sistema integrado de estadísticas policiales.
• Incorporar nuevos recursos de vigilancia electrónica.
• Construir una sede permanente para la Escuela Nacional de Policía.
• Fortalecer y unificar la formación básica de los cuerpos policiales.

La lucha contra la impunidad ocupa un lugar importante en la estrategia para devolver la seguridad al país. La impunidad se deriva de debilidades de la policía administrativa, de la policía de investigación, mora, corrupción o error judicial. Requiere el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la armonización del interés individual, frecuentemente privilegiado por el segundo y el interés colectivo, privilegiado por el primero. El Plan destaca cinco acciones complementarias:

• Crear tres Juzgados de Flagrancia en Limón, Guanacaste y Puntarenas, con un incremento proporcional de jueces.
• Crear fuerzas de tareas conjuntas, con policías, fiscales, jueces y especialistas en peritaje, para delitos de mayor impacto social.
• Incentivar la colaboración civil, mediante el fortalecimiento del programa de protección de víctimas y testigos y velar por la correcta aplicación de la legislación correspondiente.
• Ampliar la infraestructura penitenciaria.
• Impulsar legislación que ofrezca sanciones drásticas para los negocios o personas que receptan bienes robados y para crimines reiterados.

El crimen organizado y el narcotráfico constituyen un importante factor de incremento de la inseguridad. El narcotráfico representa además una seria amenaza al Estado de Derecho, con un gran potencial de fomento de la corrupción. Las drásticas medidas aplicadas en países como Colombia y México, produce un efecto migratorio de delincuentes hacia nuestro país, que no cuenta con los recursos de represión que aquellos sí tienen. Entre las medidas concretas que el Plan ofrece, se destacan:

• Crear la figura del Comisionado Nacional sobre Drogas, para asegurar una acción integral y coordinada.
• Lanzar una fuerte ofensiva internacional para crear una red de apoyo a nuestro país en la lucha contra el narcotráfico.
• Asegurar una mayor presencia e intervenciones policiales contundentes en zonas con fuerte actividad de cultivo, trasiego y comercio de drogas.
• Apoyo y recursos al poder judicial para la eficaz aplicación de la Ley contra la Delincuencia y Organizada.
• Instalar un sistema de escaneo electrónico en puertos, aeropuertos y aduanas para el control de transporte de estupefacientes.
• Promover reformas a la Ley de Armas y Explosivos.

El entorno físico social en el que se desarrolla nuestra niñez y nuestra juventud ofrece importantes riesgos en la formación de conductas criminales. Requieren de medidas preventivas que incluyen un programa de “Escuelas Seguras”, con la participación del MEP, la policía y las comunidades organizadas, para limpiar el entorno escolar y la seguridad de acceso desde y a los centros educativos; universalizar la prevención del consumo de drogas en centros educativos; y brindar tratamiento de conductas violentas, intimidantes y destructivas. Se refuerzan estas acciones con medidas en la comunidad, tales como activar los comités de seguridad ciudadana; crear redes de alerta temprana para la prevención del delito en zonas de alto riesgo; organizar campañas de seguridad pública; crear zonas de recreo, deportes y cultura; recuperar los espacios de disfrute público de la ciudadanía; y elaborar programas de tratamiento y reinserción social de personas con distintos tipos de adicción.

La recuperación de la seguridad ciudadana es una tarea compleja y difícil, que demanda el concurso de todos. El Estado debe aportar liderazgo y recursos, pero la solución depende de una acción intensa y contundente, que demanda voluntad política y civil. Por ello Laura llama a la construcción de un acuerdo nacional, para asumir la responsabilidad inherente a una tarea inmediata en la que confluyan fuerzas políticas y organizaciones cívicas. La administración Chinchilla Miranda adquiere el compromiso de elevar el financiamiento de la seguridad cuando menos en un 50% de su nivel actual y de fortalecer el Consejo Nacional de Seguridad como instancia articuladora de una política de seguridad, impulsada por el interés nacional. La administración Chinchilla Miranda asumirá el liderazgo, y “la capacidad de proponer pero también… de escuchar y rectificar”. En esencia, un amplio marco para la actuación integrada de todos los actores relevantes, acorde con la naturaleza del problema de inseguridad. Tienen (tenemos) la palabra la población civil y los políticos que tengan la entereza para actuar al margen de intereses particulares y hacerlo por el beneficio del país.

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Nota: este breve documento es parte de una serie, que corresponde a los capítulo del Plan de Gobierno Laura Chinchilla, 2010-2014, numerados del GP2 al GP7. El número GP1 es una síntesis global o Perfil del Plan de Gobierno. Ha sido elaborado por el Dr. Eduardo Carrillo Vargas, por iniciativa propia y bajo su responsabilidad. Al margen de algún pequeño comentario político, el autor ha intentado enfatizar lo más significativo y ser fiel, en la medida que una síntesis lo permite, al contenido original del Plan. El propósito es esencialmente informativo, sin importar su orientación política del lector. Se aprecia su circulación libre (eduardocarrillo@racsa.co.cr)